Delegación de ACT Alianza en el 57° período de sesiones de la CPD de la ONU, Mayo 2024
Esta semana, entre los días 29 de abril y 3 de mayo, en la ciudad de Nueva York, la Organización de Naciones Unidas – ONU- , está llevando a cabo el 57º período de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo (CPD). Pilar Cancelo, Directora Ejecutiva de SEDi, está participando como integrante de la delegación global de ACT Alianza.
La Comisión está compuesta por 47 Estados miembros elegidos por el Consejo Económico y Social y de nuestra región participan Argentina, Uruguay, Perú, México, Panamá, Honduras, Costa Rica, Cuba y República Dominicana.
El tema especial del período de sesiones es la “Evaluación del estado de implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo y su contribución al seguimiento y revisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible durante la década de acción y resultados para el desarrollo sostenible”.
También es una oportunidad para conmemorar el 30º aniversario de la adopción del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo (Egipto) en 1994.
El mensaje clave que la delegación de ACT Alianza está compartiendo en esta importante Conferencia reafirma la contribución que los actores de Fe vienen haciendo para la implementación del Programa de Acción en su 30 aniversario, y ratifica el papel transformador de la Fe para eliminar toda forma de violencia contra mujeres y niñas. Por este compromiso, muchas Organizaciones Basadas en Fe son importantes proveedoras de servicios de salud, acceso a medicamentos y cuidados en todo el mundo.
Acción Conjunta de las Iglesias (Alianza ACT) Declaración oral de la CPD57, a cargo de nuestra Directora Ejecutiva, Pilar Cancelo
Nuestra Directora Ejecutiva de SEDI fue la encargada de dar lectura ante la asamblea de la Declaración de la Alianza, que copiamos a continuación:
ACT Alianza es una coalición de 150 actores religiosos que trabajan en más de 125 países. Estamos motivados por la fe, basados en los derechos humanos y liderados localmente, y estamos comprometidos a trabajar por la justicia de género, incluida la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
La persistencia de las desigualdades de género y la discriminación contra las mujeres y las niñas, el escaso compromiso político, la insuficiencia de recursos y las normas patriarcales de género obstaculizan el progreso hacia el logro de la aplicación del Programa de Acción de la CIPD.
El 84% de la población mundial se identifica con un grupo religioso, y los actores religiosos siguen teniendo un poderoso alcance en la vida de las personas. En algunos países, los actores religiosos proporcionan una parte esencial de los servicios de salud de su país, a menudo en zonas rurales y remotas, donde el sistema público de atención de la salud a veces es inexistente o débil. A veces, los actores religiosos son los únicos proveedores de atención médica y, por lo tanto, son partes interesadas fundamentales para participar en el avance de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
La fe, en su dimensión de gracia, no puede ser instrumentalizada con fines de subordinación y reducción de la autonomía corporal, sino que es un don liberador de Dios que permite a las mujeres y a las niñas en toda su diversidad ejercer plenamente los derechos humanos.
En este 30º aniversario del Programa de Acción de la CIPD, lamentamos que el progreso hacia el logro de la implementación sea demasiado lento, desigual y carente de recursos.
Instamos a todos los Estados Miembros a que:
1. Aplicar plenamente el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y sus exámenes subsiguientes, sin regresión ni excepción.
2. Cumplir los compromisos contraídos anteriormente en el Programa de Acción y en las declaraciones posteriores, incluidos los compromisos contraídos en la Cumbre de Nairobi. Esto incluye la no regresión en el lenguaje previamente acordado, incluida la referencia a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos.
3. Establecer mecanismos sólidos de rendición de cuentas para supervisar y exigir a los Estados Miembros y a la sociedad civil, incluidos los agentes religiosos, la aplicación de las leyes, políticas y programas que garanticen la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
4. Asociarse con actores religiosos, que afirman los derechos humanos, para promover la justicia de género y transformar las normas sociales, que a menudo actúan como una barrera para la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
5. Invertir en la seguridad y protección de los defensores de los derechos humanos, incluidos los actores religiosos, que promueven la salud y los derechos sexuales y reproductivos en contextos a menudo difíciles.
La participación de Pilar en la CPD57 finalizará en la mesa redonda «La fe en los Derechos Sexuales y reproductivos (DSyR) y la Justicia Reproductiva» organizado por diferentes actores religiosos a nivel mundial. En este espacio, participarán defensores de género y DSyR de África, Asia, Europa y América Latina.
El diálogo brindará recomendaciones a los Estados miembros sobre cómo involucrar a los actores religiosos para que contribuyan a la implementación continua del Programa de Acción de la CPD y la promoción de la salud sexual y reproductiva para permitir un cambio transformador.
¿De qué va esta agenda de la Conferencia de Población y Desarrollo? ¿Por qué se vincula al trabajo de Justicia de Género y de Diaconía de SEDi?
En las tres décadas transcurridas desde la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, la población mundial ha aumentado en casi 2.500 millones de personas, y se prevé que aumente en otros 1.700 millones en los próximos 30 años. El rápido crecimiento demográfico sigue siendo un reto para nuestros países, que suelen carecer de recursos suficientes para invertir en salud, educación y empleo decente, avanzar hacia sistemas económicos sostenibles, disminuir desigualdades y garantizar todos los derechos.
Por otro lado, cada vez son más los países que tienen niveles avanzados de envejecimiento de la población. El rápido aumento de la población de edad subraya la necesidad de elaborar sistemas sostenibles de cuidados a largo plazo y protección social para atender las necesidades de la población a lo largo de su vida.
En los próximos 30 años, el mundo, cada vez más interdependiente, necesitará aumentar la cooperación internacional para mitigar el cambio climático y la degradación ambiental, facilitar la migración segura, ordenada y regular e impulsar la planificación y aplicación de políticas nacionales para promover la urbanización sostenible, ya que para 2050 cerca de dos tercios de la población mundial vivirá en ciudades.
Nuestra región de América Latina ha sido pionera en estos temas con la aportación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo al seguimiento mundial del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la implementación de la Agenda 2030. Sin embargo, muchos países de la región se han enfrentado a una prolongada crisis social marcada por el deterioro económico, el estancamiento de la educación y las altas tasas de pobreza, exacerbados por la pandemia de COVID-19.
En América Latina y el Caribe, la pobreza es mayor entre los niños y niñas, los y las adolescentes y las mujeres adultas de 20 a 59 años de edad, así como entre la población indígena y afrodescendiente. La fecundidad global en América Latina y el Caribe se ha mantenido por debajo del nivel de reemplazo desde 2015, pero la fecundidad de las adolescentes sigue siendo la segunda más alta del mundo.
La pandemia de COVID-19 puso de relieve la necesidad de cerrar la brecha digital y asegurar el acceso universal a la educación y los servicios de atención de salud, incluidos los servicios de salud mental.
Como en otras regiones del mundo, en América Latina y el Caribe la pandemia afectó desproporcionadamente a las personas de edad, y el aumento que conllevó en las responsabilidades de cuidados, en especial para las mujeres, exacerbó las dificultades de conciliar la vida laboral y personal.
Algunas recomendaciones que se discuten en este espacio:
1. Renovar el compromiso político de hacer realidad plenamente los objetivos de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo incluyendo esfuerzos colectivos de los Gobiernos, la sociedad civil y otros interesados para aplicar políticas de población y desarrollo.
2. Los Gobiernos deberían trabajar para seguir reforzando los sistemas de atención sanitaria a fin de ofrecer un acceso equitativo y universal a servicios de salud sexual y reproductiva integrados, completos y de calidad, protegiendo, respetando y haciendo realidad al mismo tiempo los derechos humanos de todas las personas, incluidos sus derechos reproductivos.
3. Los Gobiernos deberían seguir estableciendo o reforzando políticas para fomentar la plena participación de los hombres y los niños en todos los aspectos de la vida familiar, reequilibrar los roles de género y redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado de forma más equitativa entre las mujeres y los hombres. Las políticas orientadas a equilibrar las responsabilidades laborales y familiares incluyen crear entornos de trabajo favorables a la familia y con perspectiva de género y ofrecer modalidades de trabajo flexible, cuidados y apoyo asequibles para los niños pequeños y otros familiares a cargo, y acceso a las licencias de maternidad, de paternidad, parentales, familiares y de otro tipo. Se debería dar prioridad a políticas que eliminen los obstáculos para la plena participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y reconozcan y valoren el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
4. Las políticas orientadas a reducir la necesidad insatisfecha de planificación familiar, aplicar leyes sobre la edad legal mínima para contraer matrimonio, integrar los programas de planificación familiar y maternidad segura en la atención de salud primaria y mejorar el acceso a la educación se deberían priorizar y reforzar.
5. A medida que avanza la transición demográfica, los países deben formular y aplicar políticas para combatir el envejecimiento de la población reformando los sistemas de salud y protección social y elaborando sistemas sostenibles para los cuidados a largo plazo.
6. Las iniciativas para fortalecer los sistemas de protección social se deberían complementar con las reformas pertinentes del mercado laboral, incluida la ampliación de las opciones de empleo flexible o a tiempo parcial y la promoción de entornos de trabajo adaptados a la edad, fuerzas de trabajo multigeneracionales y programas para apoyar el envejecimiento saludable.
La Conferencia de Población y Desarrollo es una importante instancia política global, que sesiona una vez al año y obliga a los países participantes a presentar informes respecto de los puntos que se tratan. Provoca mucha movilización porque genera cercanía entre expertas en los temas de la agenda de género y los representantes de los gobiernos. Son una gran oportunidad de hacer incidencia, presentando evidencia científica , indicadores nacionales y regionales. Las resoluciones finales de la Conferencia generan presión social sobre los países.
Son muchos y muy articulados los actores que intervienen para frenar la agenda de mujeres, niñas y personas de la diversidad sexual. Por eso es importante la participación de ACT Alianza como actores de Fe que impulsan el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como capítulo a incluir en la agenda de Derechos Humanos.
Pilar Cancelo – Directora Ejecutiva